Archivo mensual: marzo 2012

La primera república española
De “ignominiosa insurrección” fue calificada la sucesión de actos que condujo a la proclamación de la primera república española, según Engels. Una proclamación que se produjo el día 8 de junio de 1873, después de que el “primer rey huelguista de la historia, Amadeo de Saboya, harto de la corona de España, abdicara de ella y abandonara el país”.
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¡Ahora las elecciones andaluzas! Unos, los del PP, preconizan “El Cambio Andaluz”, así, con mayúsculas iniciales, obviando la escasa ortografía y el escaso sentido del lema. Un cambio puede ser a peor, pero no, ellos no lo creen así; cambiar es bueno, el cambio es guay del Paraguay. También dicen que va a haber una educación de calidad. No sé cómo. Y que van a salvar las pensiones de los mayores… ¡Si arrasaran la estructura autonómica de España, tal vez!
¿Y los del PSOE? De risa. Dicen que “Por el camino seguro”. ¿Más camino todavía? ¡Pero si ya llevan treinta años o más! El camino derecho y torcido son uno y el mismo camino ¿Es una burla o se lo creen? Debe ser lo segundo. Añaden además que “Para seguir avanzando en Andalucía necesitamos tu voto. El 25 de marzo, vota Pepe Griñán.” Avanzar, siempre avanzar, siempre adelante y siempre hacia arriba, sin que sepamos qué es subir y qué es andar hacia adelante.
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El artículo 11 de la constitución de 1812 ordenaba “una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”
Ese artículo ordenaba en realidad que se eliminaran las divisiones políticas y administrativas del Antiguo Régimen con el fin de garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles. Como es sabido, las Cortes de Cádiz y la  Constitución promulgada por ellas fueron declaradas ilegales por Fernando VII el 4 de mayo de 1814, por lo que el imperativo del artículo 11 no pudo cumplirse. Hubo que esperar al trienio liberal, iniciado el 1 de enero de 1820, tras el levantamiento del coronel Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan. Entonces pudo hacerse.
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Bien está conmemorar la Constitución de 1812, pensada, redactada, defendida y también combatida por españoles a los que movía ante todo su patriotismo. Pero vale la pena recordar que, según algunos, no fue la primera Constitución española. Ese mérito, que es en realidad una vergüenza, le corresponde a la de Bayona, denominada a veces Carta o Estatuto de Bayona. En la historiografía francesa recibe el nombre de Acta Constitucional de España. Fue promulgada el 7 de julio de 1808.
Después de los sucesos del 2 de mayo en Madrid, los indignos Carlos IV y su hijo Fernando habían entregado la corona española a Napoleón, que la dio a su vez a su hermano José, no sin procurar darle un aire de legitimidad a lo que era un robo. Ordenó a Murat que se las ingeniara para que la Junta Suprema pidiera al tal José Bonaparte que accediera a recibir la corona de España, cosa que Murat hizo, si bien de mala gana, pues aspiraba él mismo a ser rey de España. Preguntó a la corporación qué miembro de la familia Bonaparte sería mejor visto en el trono español. La respuesta fue digna, dadas las circunstancias: que no eran válidas las renuncias de Carlos y Fernando y que, en consecuencia, no existía el derecho de transferir a otro el cetro.
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La exención de responsabilidad civil a los sindicatos viene de lejos. La Trade Dispute Act inglesa, de 1906, les otorgaba la irresponsabilidad por las faltas más graves, permitiéndoles gozar de un privilegio que no se concedía a ninguna persona física o jurídica.
Con ello no se ha estimulado nunca la lucha por la igualdad, sino por el privilegio. Schumpeter se quejaba ya en 1942 de que al no aplicar la ley a los piquetes se estaba dando cobertura legal a la amenaza de fuerza y exoneración de responsabilidad por los daños causados, lo que no era, en su opinión, otra cosa que admitir que los sindicatos pueden delinquir.
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Durante la etapa franquista el Estado español fue hostil a las asociaciones horizontales de clase y protegió a las verticales. En la etapa parlamentaria prohibe las verticales y protege y financia a las de clase hasta el punto de haberlas convertido en monopolios laborales que caen fuera de su control y es casi imposible destruirlos sin que el propio Estado democrático corra un grave riesgo.
Antes eran ilegales. Ahora no solo son legales sino que el prestigio que les otorgó la prohibición anterior les ha dado un aura tal de legitimidad que se han convertido en instituciones privilegiadas a las que se exime de la obligación de responder ante la ley como cualquier otra institución privada. Esto es un fracaso de la democracia.
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Dado que los potentados y los desheredados de la fortuna se temen unos a otros, es muy difícil, si no imposible, que tramen algo conjuntamente. Unos temen el yugo de los otros y desconfían entre sí. Por eso solo pueden estar de acuerdo en que gobierne la gente de en medio. Es lo que sucede cuando luchan dos partidos contrarios, que necesitan un árbitro que no pertenezca a uno ni al otro.
Muchos gobernantes han cometido el mismo error: dar demasiado poder a los ricos y engañar luego a los inferiores. Con ello solo han logrado un mal de un bien que no era verdadero. La ambición de los ricos es inagotable y es causa más corriente de la ruina de los Estados que la de los pobres.
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Las razones mencionadas en las fichas dedicadas a las clases medias explican por qué en naciones donde está extendida la pobreza extrema en un lado y en el otro la extrema riqueza, escaseando la fortuna mediana, como sucede en algunas de Sudamérica, del mundo árabe, etc., se apodera del mando para sí sola la demagogia oligárquica.
La demagogia y la oligarquía eran dos gobiernos opuestos en la Antigüedad, pero en nuestros días parecen formar una sola unidad. Se debe esto o bien a que los demagogos toman el poder gracias a sus artimañas y luego se enriquecen con él o bien porque son los oligarcas quienes lo hacen y luego aprenden a ser demagogos. A nadie se le escapa que lo más frecuente es lo primero, aunque no faltan ejemplos de lo segundo. En todo caso, logran ser más duraderos de lo que había concedido Aristóteles a estos regímenes, pero, pese a todo, están amenazados de inestabilidad.
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Es muy importante que no exista en un Estado ni una mayoría de pobres ni de ricos. Los segundos es casi imposible que sean mayoría, pero lo que quiere decirse es que no debe permitirse que tengan demasiada preponderancia. Las gentes de medianos recursos tienen sobre unos y otros la gran ventaja de no insurreccionarse nunca, en tanto que los ricos por mantener su posición o hacerla más elevada y los pobres por salir de ella, unos por no bajar y otros por subir, están siempre dispuestos a sublevarse.
La tranquilidad de los Estados, cuando la hay, se debe ante todo a las clases medias, o al menos ellas son ocasión de muy escasos disturbios. Cuando, como es el caso actual por las zozobras financieras, las gentes se dividen en dos facciones, la de los adinerados y la de los abandonados de la fortuna, la inestabilidad puede surgir por alguna de las dos causas mencionadas o por las dos a la vez.
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Es cosa cierta que el hombre que se ha criado con grandes comodidades no está preparado para obedecer a nadie. Tampoco para mandar, a no ser que lo haga con capricho y siguiendo el impulso de cada momento. Ha vivido con lujo y ahora no sabe hacer otra cosa que seguir en medio del lujo. Es vanidoso y altanero. Solo sabrá despreciar a aquellos sobre los que mande. Por esto no es bueno que haya una casta de individuos sobresalientes destinados a ejercer el poder de una nación. Hablaba con verdad el albañil americano que hizo saber a Max Weber su preferencia por los políticos ladrones de Estados Unidos en lugar de las clases de funcionarios superiores de Europa. Así al menos podían despreciarlos en lugar de ser despreciados por ellos.
Pero tampoco está hecho para las exigencias del mando y la obediencia el que ha nacido y se ha criado en la indigencia, porque la pobreza suele tener un efecto degradante sobre quien la padece, de modo que si obedece es como esclavo, sin altura de miras, y si manda es como déspota, sin condescencia alguna.
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Para pensar en el Estado mejor no debe pensarse en el Estado ideal, ni en el Estado justo, el igualitario, el feliz, el perfecto, etc. No se debe tampoco esperar que existan esos buenos gobernantes adornados de virtudes que de ordinario están lejos de las que tiene el común de los mortales. Esos ensueños han sido fuente de graves disturbios y desgracias cuando se han querido poner en práctica.
El mejor Estado es aquel que se ajusta a la vida que a la mayoría de los ciudadanos es dado vivir, una vida que no sobrepase los dones de la naturaleza, no aspire a construirse sobre el aprovechamiento ajeno y procure no depender de nadie, excepto de uno mismo. Una vida sabia puesta al alcance de casi todos por las potencias de este mundo.
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Un gobierno bien ordenado no es una democracia ni una tiranía. La primera porque tiende con facilidad a convertirse en la segunda por la acción de los demagogos y la segunda porque apenas puede subsistir cuando perece el tirano. Dicho sea esto teniendo en cuenta que los gobiernos parlamentarios son democráticos solo de nombre. Esto no es una corrupción que padecieran, pues por muy poco avisado que se sea se comprenderá que el pueblo no puede gobernar en ningún caso. Él sería el gobernante y el súbdito y no habría diferencia alguna entre los ciudadanos desde el punto de vista del poder. Pero esto no es posible cuando la población excede de ciertos límites. Es muy dudoso que una democracia de todos gobernando a todos haya existido jamás. La de Atenas, que se pone a veces como modelo, no cumplió este requisito, pues la mayoría estaba compuesta por esclavos, mujeres, jóvenes y metecos que no tenían derechos políticos.
Luego un régimen bien ordenado no puede ser más que una combinación y equilibrio de fuerzas oligárquicas y democráticas, entendiendo por las primeras la tendencia de los más a asimilarse a los menos y la segunda la de los menos por permanecer distintos de los más. Los que esgrimen derechos que proceden de ambas fuerza tienen razón unas veces y otras no.
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