Algún sistema de filosofía política, como también la gente del común, sobre todo la que dice ser demócrata, creen que el Estado existe para que se desarrolle en toda su plenitud la naturaleza humana. Si esto es verdad, no puede tener una estructura cualquiera, sino sólo la que facilite esa plenitud del mejor modo posible. Aunque hay disputa sobre cuál es el mejor desarrollo de una persona, no parece que pueda haberla en que un Estado nivelador no es un buen medio para ese fin, porque lo propio de cada individuo humano es ser algo único e irrepetible. No es éste sin embargo el tema que hoy quiero tratar, sino del derecho a la vida y si el titular del mismo es la naturaleza humana individual o la persona.
Parece indiscutible que si se niega o restringe de algún modo la vida no es posible que haya ninguna manera de perfeccionarla, porque, muerto o incapacitado el sujeto, nada o muy poco puede hacerse ya. En consecuencia, el primer cuidado de la ley tiene que ser el de garantizar en primer lugar que ésta llegue a existir y, en segundo, que no sea interrumpida o dañada por decisión injusta del Estado o de un particular a quien el Estado autorice u ordene. Sigue leyendo
Nunca antes una constitución española, de las seis que ha habido desde 1812, había promulgado el derecho a la vida. La razón es clara: es que no era necesario, como no es necesario promulgar el derecho a la amistad o al deporte. No es indiferencia o menosprecio por la vida, como no lo es por la amistad o el deporte.
Comienzo recordando cómo en su De anima dice Aristóteles que hay cuerpos con vida, o alma, y cuerpos sin vida, pero que lo que no hay y nadie hallará es vida sin cuerpo en el que estar, porque entonces ¿qué sería lo que viviría? Mejor es entender los vocablos “vida” y “alma” como unívocos. No en vano seguimos usando en la lengua castellana el término latino anima con el fin de distinguir los seres en animados e inanimados, dando así por descontado que en un ser vivo no es una cosa el cuerpo y otra la vida.
Sin embargo, don Rodrigo Calderón, Marqués de Siete Iglesias, murió por degollamiento el 21 de octubre de 1621, y no dio muestras de orgullo en ese trance, sino de entereza y valor. Había sido secretario del Duque de Lerma, el que “para no morir ahorcado se vistió de colorado” en tiempos de Felipe III y, no pudiendo acogerse a la inmunidad que daba a su señor el capelo cardenalicio, comprado en Roma para librarse de la justicia debida a sus fechorías, fue ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid al comienzo del reinado de Felipe IV. Con tanta serenidad afrontó su final que el pueblo quedó vivamente admirado, el V Duque de Alba dijo de él que había muerto con el orgullo de un romano y la piedad de un buen cristiano, y mucho tiempo más tarde seguía despertando admiración, como atestigua Azorín, que lo puso como modelo de políticos, los cuales, según dejó escrito, deberían tener “este espíritu y fervor que tuvo don Rodrigo, este sosiego, esta inalterabilidad maravillosa y profunda”. 
La SD (Sicherheitsdienst, Servicio de Seguridad nazi) interceptó en 1935 una carta que permitía a las misiones católicas existentes fuera de Alemania enviar dinero a Roma. Se las ingenió a continuación para condenar a muchos años prisión y grandes multas a algunos miembros de órdenes religiosas bajo la acusación de transferir dinero ilegal. Luego pudo publicitarse que la Iglesia de Roma era una gigantesca máquina de acumular riquezas con la intención de que la gente no hiciera donaciones a las obras de caridad católicas.
