La legitimidad sindical

Durante la etapa franquista el Estado español fue hostil a las asociaciones horizontales de clase y protegió a las verticales. En la etapa parlamentaria prohibe las verticales y protege y financia a las de clase hasta el punto de haberlas convertido en monopolios laborales que caen fuera de su control y es casi imposible destruirlos sin que el propio Estado democrático corra un grave riesgo.

Antes eran ilegales. Ahora no solo son legales sino que el prestigio que les otorgó la prohibición anterior les ha dado un aura tal de legitimidad que se han convertido en instituciones privilegiadas a las que se exime de la obligación de responder ante la ley como cualquier otra institución privada. Esto es un fracaso de la democracia.

La ayuda y comprensión que los sindicatos recibieron de todos cuando estaban privados de libertad se ha extendido más allá de lo que es tolerable en un régimen de libertades:

  1. No existe una ley de huelga que especifique las actuaciones a que deben obligarse sus convocantes. Un gobierno salido de las urnas y que tiene que tomar decisiones en nombre de la nación se ve obligado a considerar antes de promulgarla si favorece o no al trabajador, lo que no es más que una fórmula para encubrir que lo está en juego es si favorece o no a los sindicatos.
  2. De igual manera, no pueden tomarse medidas sobre los contratos de trabajo y los convenios colectivos sin cumplir con el supuesto deber de consultar a las organizaciones sindicales.
  3. Para una gran parte de la población es incluso un deber moral. No se es progresista, partidario de los trabajadores y sus derechos, etc., si no se tienen como sagradas e inviolables las consignas sindicales. Ahí parece haber una raya que diferencia a una persona de izquierdas de otra de derechas. Muchas que se declaran de derechas no osarán tampoco  poner en duda a los sindicatos.

La virtud debe estar en algún lugar intermedio de estos dos contrarios.

Ahora ya no se trata de luchar por la libertad de asociación. Es un hecho que existe y nadie la impide. Los españoles la han establecido y se halla bien protegida por la ley. Tampoco es el momento de creer que el derecho de los sindicatos a existir es lo mismo que los derechos laborales de los trabajadores y menos aún si ese derecho a la existencia pasa por la financiación pública.

La conclusión es que estas confusiones deben desaparecer si no se quiere perjudicar a la democracia parlamentaria.

Archivo sonoro: 14-03-12)

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Acerca de Emiliano Fernández Rueda

Doctor en Filosofía por la Universidad complutense de Madrid. Profesor de filosofía en varios centros de Bachillerato y Universidad. Autor de libros de la misma materia y numerosos artículos.
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