No hace mucho tiempo que el Sr. Rodríguez Zapatero aseguró que España no necesita más reformas educativas y que solo falta impulsar un plan de convivencia escolar que lleve la disciplina y el respeto al profesorado. Este señor, que sigue siendo el secretario general de un partido que prácticamente ha destruído la enseñanza española, se ha apartado con esas palabras de la tradición que él mismo encarna y culmina por ahora, pues el mero hecho hecho de pronunciarlas bastaban hasta hace poco para tachar de franquista, reaccionario y cavernícola a quien lo hiciera. De hecho, las leyes de educación socialistas siempre han preferido hablar de normas de convivencia y no de disciplina, para lograr una enseñanza democrática, pero lo único que han conseguido ha sido la indisciplina y la desautorización y menosprecio de los profesores.
Pero no es justo atribuir toda la causa a las leyes ni al partido que encabeza el Sr. Rodríguez Zapatero. Toda ley se alimenta de una cierta opinión extendida entre la población y todo partido llega al poder solo si esa misma población lo vota en las urnas.
Es la población la responsable, aunque no lo sean todos sus miembros por igual. Muchos profesores lo son, pues participan con entusiasmo de la nueva pedagogía comprensiva y procuran ser colegas de sus propios alumnos. Muchos maestros de la antigua EGB contribuyeron al mismo desafuero cuanto vieron y aprovecharon la oportunidad de equiparar su sueldo al de los profesores de Instituto, dedicándose con empeño a la tarea con la ayuda inestimable de los sindicatos. Éstos últimos, por su lado, supieron organizar las grandes protestas que en los albores de la democracia, cuando gobernaba la UCD, desembocaran en la obtención del título de funcionario para muchos miles de interinos de enseñanza media y universidad prácticamente sin filtro alguno. Como botón de muestra valga que entonces se comentara que un tribunal de acceso a la universidad había dado como publicación aceptable una carta publicada en la sección de “Cartas al director” de un periódico de Albacete, y también el que una profesora de griego de Bachillerato había sacado su oposición sin conocer siquiera el alfabeto de esa lengua. No digo que todo el mundo que accedió al puesto fuera así. Lo que digo es que cuando los agujeros de la criba son demasiado grandes cae mucha paja junto con el grano y que todos aquellos que accedieron de este modo no era por un año o dos, sino por unos treinta o cuarenta.
Aquellos sindicatos que tan eficazmente contribuyeron a este estado de cosas son hoy burocracias a sueldo del Estado que difícilmente protestarán por la presente situación. Muchos de sus miembros, liberados de la tiza y la pizarra para sus tareas representativas no han visto un alumno en más de veinte años. Los maestros de enseñanza primaria que buscaron equipararse a los profesores de Instituto no solo lo consiguieron, sino que les entregaron además los dos últimos cursos de la EGB, los más conflictivos. Otros que también quisieron superar su status social y consiguieron la equiparación fueron los dela antigua FP, la formación profesional. Y no podía faltar un ejército de nuevos psicopedagogos, que lograron encontrar un puesto de trabajo permanente en las instituciones de enseñanza.
Profesores, maestros, sindicatos, gobernantes, etc., más otros sectores que ahora no es el momento de enumerar, son el trasfondo de la legislación que ahora aflige a la enseñanza de los jóvenes. Las leyes no han hecho otra cosa que plasmar, negro sobre blanco, el espíritu que ha guiado estos acontecimientos en el Boletín Oficial del Estado. España tiene la educación que quiere tener.
