El decisionismo político emerge en el siglo XX como una reacción vehemente contra el liberalismo parlamentario y la progresiva neutralización moral de la política. En este diagnóstico inicial, Carl Schmitt coincide parcialmente con objeciones que el tomismo podría también formular: la insuficiencia del procedimentalismo liberal, la ficción de un Estado moralmente neutro y la disolución del bien común en pactos formales sin sustancia ética.
Pero la coincidencia termina en ese umbral crítico. Mientras que el tomismo busca restaurar la política como orden racional orientado al bien común, el decisionismo redefine lo político en términos de poder y conflicto. El decisionismo constituye la antítesis más radical del pensamiento de Santo Tomás de Aquino; este afirma prudencia y justicia, Schmitt absolutiza soberanía y decisión; el tomismo contempla al extranjero como persona sujeta de derecho, el decisionismo lo percibe como figura potencialmente enemiga.
El núcleo del pensamiento schmittiano se concentra en su célebre definición de lo político como la distinción entre amigo y enemigo. Lo político no se determina por un fin moral ni por la realización de un bien compartido, sino por la posibilidad real del conflicto extremo, incluso violento. La comunidad se constituye negativamente; es aquello que no es el enemigo.
Desde la perspectiva tomista, esta concepción resulta reductiva hasta el extremo. La política, entendida como ordenación racional al bien común, no puede fundarse en la hostilidad sin negarse a sí misma. Si la enemistad es constitutiva, la justicia queda subordinada al enfrentamiento y el orden deja de ser moral para convertirse en mera afirmación de fuerza.
Otro pilar del decisionismo es la definición de la soberanía como poder de decidir sobre el estado de excepción. El soberano no es simplemente quien aplica la ley, sino quien puede suspenderla. La norma se inclina ante la decisión. La ley deja de ser ordinatio rationis para convertirse en instrumento del poder en situaciones límite.
Para santo Tomás, esta inversión es inadmisible. La autoridad política está subordinada a la ley natural; una decisión que se aparta de la razón y del bien común no es ley, sino corrupción de ley. El decisionismo, al absolutizar la excepción, erosiona el criterio moral que permite juzgar la legitimidad del poder.
Cuando esta lógica se aplica a la inmigración, revela su rostro más inquietante. Si lo político se define por la distinción amigo/enemigo, el extranjero aparece inevitablemente como figura ambigua, siempre susceptible de ser interpretada como amenaza. La inmigración deja de ser cuestión de justicia y prudencia para convertirse en problema de seguridad existencial.
El inmigrante ya no es ante todo persona con dignidad, sino riesgo potencial para la identidad y la supervivencia del cuerpo político. La regulación se transforma en exclusión preventiva y la deliberación prudencial en defensa permanente. El estado de excepción se normaliza bajo la narrativa de crisis constante.
Desde el tomismo, esta lógica es moralmente inadmisible. El extranjero no es enemigo por definición. La prudencia política puede exigir límites y condiciones, pero nunca autoriza la deshumanización ni la identificación automática del otro con la amenaza. La comunidad se preserva mediante la justicia, no mediante la hostilidad constitutiva.
A primera vista, decisionismo y tomismo comparten una crítica al vaciamiento moral del liberalismo. Sin embargo, la coincidencia es puramente negativa, porque el tomismo busca reordenar la política al bien común y el decisionismo sustituye el bien por la voluntad soberana.
La divergencia filosófica es profunda; el tomismo es teleológico, el decisionismo voluntarista; uno subordina el poder a la razón e integra la justicia en el centro de lo político, el otro subordina la razón a la decisión y suspende la justicia en nombre de la excepción.
El tomismo no desconoce el conflicto. Al contrario, reconoce tensiones reales y amenazas posibles, pero niega que la enemistad constituya la esencia de la política. La política existe para ordenar la convivencia, no para perpetuar la guerra latente.
Pensar la inmigración desde esta perspectiva implica comprenderla como desafío prudencial a la justicia política, no como enfrentamiento existencial. La autoridad puede y debe regular, pero siempre bajo la ley, con racionalidad práctica y respeto a la dignidad humana.
El decisionismo schmittiano representa la ruptura más profunda con la tradición tomista. Al reducir la política a soberanía y conflicto, niega la posibilidad misma del bien común y desfigura la figura del extranjero.
Frente a ello, el tomismo ofrece una alternativa exigente y equilibrada: una política fundada en la razón práctica, orientada al bien común y limitada por la ley natural. Así evita tanto la neutralización liberal como la absolutización del poder.
Con este contraste se cierra el recorrido crítico de la modernidad política. La síntesis final podrá ahora recoger los elementos válidos de cada corriente y articularlos en una teoría normativa de la inmigración que conserve la dignidad del extranjero, la identidad de la comunidad y la primacía del bien común bajo la guía de la prudencia.
