Tras el recorrido crítico por las principales corrientes modernas (liberalismo, cosmopolitismo, comunitarismo y decisionismo) se impone una tarea de síntesis. No se trata de conciliar lo inconciliable ni de fundir en un compromiso tibio las diferencias, sino de reconstruir normativamente el horizonte desde el cual juzgar. La cuestión no es quién tiene razón en abstracto, sino qué principios permanecen invariables y cómo deben aplicarse en contextos históricos cambiantes sin perder su identidad.
La tesis que guía este artículo es que el tomismo ofrece una hermenéutica del desarrollo capaz de integrar los aciertos parciales de la modernidad sin asumir sus aporías. Esta hermenéutica se apoya en una distinción clásica y fecunda: la que separa los principios universales de sus determinaciones prudenciales. Tal distinción evita tanto el inmovilismo rígido como la ruptura temeraria; preserva la continuidad sin negar la historia.
En la tradición de Santo Tomás de Aquino, los principios morales y políticos poseen un estatuto ontológico y normativo estable. No brotan del consenso ni de la decisión soberana, sino de la naturaleza racional del ser humano y de la estructura teleológica de la acción. Son faros, no moldes; orientan sin determinar mecánicamente cada paso.
En el ámbito político y de modo específico, en la cuestión migratoria, pueden identificarse tres principios permanentes.
Primero, la dignidad inalienable de la persona humana, fundada en la racionalidad y en la participación en la ley natural. Ninguna circunstancia histórica autoriza su negación.
Segundo, la primacía del bien común, entendido no como suma de intereses ni como abstracción colectiva, sino como bien del todo en cuanto todo, condición de posibilidad de los bienes particulares.
Tercero, la prudencia como virtud rectora, encargada de ordenar los medios a los fines en circunstancias concretas. Sin prudencia, los principios se vuelven eslóganes; sin principios, la prudencia degenera en cálculo oportunista.
Estos tres ejes no compiten, sino que se reclaman mutuamente. La dignidad sin bien común deriva en individualismo; el bien común sin dignidad, en colectivismo; la prudencia sin ambos, en improvisación sin brújula. La arquitectura moral del tomismo es armónica: cada elemento sostiene y limita al otro.
Frente a la estabilidad de los principios, las aplicaciones históricas son contingentes, variables e inevitablemente imperfectas. Cuanto más se desciende desde lo universal a lo concreto, como enseña santo Tomás al tratar de la ley humana, mayor es la variabilidad legítima. La unidad del principio no exige uniformidad de políticas.
Aplicado a la inmigración, este criterio implica varias consecuencias. No existe un modelo político único y universalmente obligatorio. Comunidades diversas pueden adoptar políticas distintas sin incurrir por ello en injusticia. La evaluación moral no recae sobre la opción técnica aislada, sino sobre su ordenación efectiva al bien común y su respeto a la dignidad humana.
Esta flexibilidad no es relativismo. Las políticas migratorias pueden y deben ser juzgadas moralmente. Pero el juicio no se confunde con la preferencia ideológica ni con la simpatía emotiva: atiende a fines, medios y circunstancias, y pregunta si la acción preserva la justicia y fortalece la comunidad sin deshumanizar al extranjero.
La distinción entre principios y aplicaciones ilumina también el desarrollo doctrinal de la Iglesia. El crecimiento magisterial en materia migratoria no constituye ruptura, sino explicitación. Puede describirse con la fórmula clásica: eodem sensu eademque sententia. El sentido permanece, aunque la expresión se amplíe. La afirmación del derecho a emigrar no niega el bien común; la exigencia de acogida no suprime la regulación; la fraternidad universal no disuelve la comunidad política.
La clave hermenéutica consiste en evitar dos errores simétricos: la ruptura, que interpreta todo desarrollo como abandono de principios, y la repetición literal, que ignora la novedad de las circunstancias históricas. Entre ambos extremos, la prudencia custodia la continuidad viva.
El contraste con las corrientes modernas permite ahora una síntesis crítica. El liberalismo acierta al proteger al individuo, pero yerra al neutralizar el bien común. El cosmopolitismo acierta al afirmar la universalidad moral, pero yerra al abstraerla de mediaciones políticas reales. El comunitarismo acierta al recuperar pertenencia y tradición, pero yerra al carecer de una metafísica del bien común. El decisionismo acierta en su denuncia del formalismo, pero yerra radicalmente al absolutizar soberanía y conflicto.
El tomismo integra los aciertos sin asumir los errores porque dispone de una estructura teleológica capaz de articular universalidad y particularidad, persona y comunidad, justicia y prudencia.
Desde esta síntesis pueden formularse criterios normativos generales para evaluar políticas migratorias. En primer lugar, el respeto efectivo de la dignidad humana: prohibición de deshumanización, instrumentalización o discriminación arbitraria. En segundo lugar, la ordenación real al bien común: preservación de la cohesión social, de la legalidad y de la capacidad institucional. En tercer lugar, la integración gradual y efectiva: participación progresiva en deberes y derechos, más allá de la mera inclusión formal. En cuarto lugar, la proporcionalidad prudencial: adecuación de medios a fines, atención a capacidades reales y a consecuencias previsibles.
Estos criterios no producen automáticamente soluciones técnicas, pero excluyen un amplio espectro de opciones injustas, tanto por exceso como por defecto. Señalan límites y orientan la deliberación sin sustituirla.
Una de las aportaciones más altas del tomismo es su capacidad para sostener simultáneamente la universalidad moral y la particularidad política. La dignidad es universal; la política, siempre situada. Negar cualquiera de estos polos conduce a distorsiones: o bien a un universalismo abstracto incapaz de gobernar, o bien a un particularismo cerrado que olvida la común humanidad.
La comunidad política no es un absoluto, pero tampoco un accidente prescindible. Es el espacio donde la justicia se vuelve operativa y donde la prudencia encuentra cuerpo institucional. La inmigración, por tanto, no puede resolverse mediante consignas, sino mediante una mediación constante entre identidad y apertura, entre pertenencia y hospitalidad.
