En ontología se aprende que todo ser es limitado porque es él en exclusiva y no puede ser lo que es otro. En economía se aprende un principio parecido: que los recursos son escasos porque lo que un sujeto consume no puede ser consumido por otro. En los dos casos son afirmaciones de valor universal y necesario. Lo que yo soy no puedes serlo tú. Lo que yo gasto no puedes gastarlo tú. Uno queda fuera del ser del otro. Uno es expulsado del consumo por el otro. Así de sencillo e incontestable es en ambos casos.
Aplíquese ahora este principio general de la economía a la deuda pública y la escasez de crédito para familias y empresas.
El crédito es un bien que muchos individuos, familias y empresas desean consumir. También el Estado lo desea. Si cualquiera de estos sujetos quiere endeudarse mucho, pedirá mucho crédito y para obtenerlo tendrá que estar dispuesto a pagar más intereses, que no son más que el precio del producto demandado. Al hacerlo ocasionará que suban los tipos y expulsará del mercado crediticio a quienes no pueden pagar tanto como él. La relación causa-efecto es clara como la luz del día.
Pues tómese nota si se ha entendido bien: el Estado es el gran causante de que el crédito no vaya a las empresas, que lo utilizarían para producir bienes y, de paso, para generar empleo, y tampoco a las familias y los individuos, que lo utilizarían para consumir, con lo cual estimularían la producción y el empleo. Si él se lleva todo o casi todo, no quedará nada o quedará muy poco para los demás. Lo que uno consume no puede consumirlo otro. Es el principio general.
¿Y si el Banco Central procurara todo el crédito posible para todos? Entonces nadie sería expulsado del mercado, dirán algunos. Pero están en un error. Las consecuencias serían todavía peores.
Como nadie pide dinero prestado para guardarlo, sino para gastarlo, unos, los más, lo destinarían a comprar cosas y otros, los menos, a producirlas, pero lo que produjeran estos últimos no sería suficiente para lo que quisieran comprar los primeros. Recuérdese que los recursos son escasos siempre y recuérdese por qué. Al haber tanto dinero para tantos y tan pocos bienes en proporción al dinero, la subida de precios sería meteórica y muchos quedarían excluidos del consumo. Se trata otra vez del maldito principio general. No hay forma de esquivarlo.
Que el Estado aplasta a las empresas con su demanda de crédito es algo tan claro como la luz del mediodía por lo dicho hasta aquí. Pero hay aún algunos hilos sueltos que hay que coser para completar la conclusión.
Puede suceder que el Estado sea casi el único demandante de crédito porque, como pasa en épocas de crisis como la actual, las empresas, que cuidan más de su patrimonio porque es de sus dueños que el Estado del suyo porque no es de nadie y los gobernantes en las democracias de masas tienen que ganarse a los electores y lo hacen mediante el dinero, las empresas, digo, no quieran endeudarse más y decidan financiarse con recursos propios. Ahora bien, si deciden actuar de ese modo será a costa de no embarcarse en nuevos proyectos. Lo cual es indiscutible: si, por ejemplo, los intereses se mantienen en el 6% por la presión estatal ningún empresario pondrá en marcha un proyecto que le rinda un 5% o menos, cosa que sí haría si los intereses estuvieran en el 2% o el 3%.
Los bancos, por otro lado, prestan dinero al Estado porque paga más. Pero si la deuda estatal crece hasta un cierto nivel crítico crecerán también las dudas sobre las posibilidades de que la devuelva, como sucedió hace un tiempo con Grecia y se pensó que podía suceder en otros países, como España o Italia. Al destruirse la solvencia del Estado se destruye también la de los bancos, se empieza a comprobar que no podrán cobrar y tendrán que quebrar, como pasó a los banqueros de Carlos V y Felipe II. En esas circunstancias los bancos no estarán dispuestos tampoco a prestar dinero a las empresas y las familias.
Más aún. Cuando la deuda pública aumenta en el presente es normal que los impuestos aumenten a su vez en el presente y en el futuro, lo que también disminuye las posibilidades de negocio para las empresas privadas, porque sus ganancias son las que obtienen después y no antes de los impuestos.
Y todo esto sin contar con que habrá seguramente muchos individuos que en circunstancias normales dedicarían su capital a la producción de bienes y ahora prefieran invertirlo en deuda del Estado por ser más rentable.
Se concluye que cuando con espíritu socialista se exige que aumente el número de empleados públicos, de obras públicas, de subvenciones públicas, de televisiones públicas, de diputados públicos, etc., todo lo cual exige a su vez que aumenten la deuda y los impuestos, lo que se está pidiendo es la aniquilación de la economía.
