Emiliano Fernández Rueda

¡Ahora las elecciones andaluzas! Unos, los del PP, preconizan “El Cambio Andaluz”, así, con mayúsculas iniciales, obviando la escasa ortografía y el escaso sentido del lema. Un cambio puede ser a peor, pero no, ellos no lo creen así; cambiar es bueno, el cambio es guay del Paraguay. También dicen que va a haber una educación de calidad. No sé cómo. Y que van a salvar las pensiones de los mayores… ¡Si arrasaran la estructura autonómica de España, tal vez!

¿Y los del PSOE? De risa. Dicen que “Por el camino seguro”. ¿Más camino todavía? ¡Pero si ya llevan treinta años o más! El camino derecho y torcido son uno y el mismo camino ¿Es una burla o se lo creen? Debe ser lo segundo. Añaden además que “Para seguir avanzando en Andalucía necesitamos tu voto. El 25 de marzo, vota Pepe Griñán.” Avanzar, siempre avanzar, siempre adelante y siempre hacia arriba, sin que sepamos qué es subir y qué es andar hacia adelante.

Unos y otros hacen que me acuerte de aquello de Milan Kundera. Lo pongo aquí para solaz y ¡reflexión! –hoy que nadie piensa, todos reflexionan- de quienes lean estas fichas:

Desde la época de la Revolución francesa la mitad de Europa se denomina izquierda mientras la otra mitad se llama derecha. Es casi imposible definir la una o la otra a partir de algún tipo de principios teóricos en los que se apoyen. Eso no es nada extraño: los movimientos políticos no se basan en posiciones racionales, sino en intuiciones, imágenes, palabras, arquetipos, que en conjunto forman tal o cual kitsh político. La idea de la Gran Marcha, por la que se deja embriagar Franz, es el kitsch político que une a las personas de izquierdas de todas las épocas y corrientes. La Gran Marcha es ese hermoso camino hacia delante, el camino hacia la fraternidad, la igualdad, la justicia, la felicidad y aún más allá, a través de todos los obstáculos, porque ha de haber obstáculos si la marcha debe ser una Gran Marcha.

¿Dictadura del proletariado o democracia? ¿Rechazo a la sociedad de consumo o incremento de la producción? ¿Guillotina o supresión de la pena de muerte? Eso no tiene la menor importancia. Lo que hace del hombre de izquierdas un hombre de izquierdas no es tal o cual teoría, sino su capacidad de convertir cualquier teoría en parte del kitsch llamado Gran Marcha hacia adelante.

Por supuesto Franz no es una persona para la cual el kitsch sea esencial. La idea de la Gran Marcha juega en su vida aproximadamente el mismo papel que desempeña en la vida de Sabina la canción sentimental sobre las dos ventanas iluminadas. ¿A qué partido político votará Franz? Me temo que no vota a ninguno y que el día de las elecciones prefiere irse de excursión a la montaña. Pero eso no significa que la Gran Marcha haya dejado de emocionarlo. Es hermoso soñar que somos parte de una masa que marcha a través de los siglos y Franz no olvidó nunca ese hermoso sueño.

Eso es, Franz. Sigue soñando que mientras comes, duermes, trabajas, etc., en realidad caminas siempre adelante, siempre hacia arriba.

Enternecedor. Onírico.

(Milan Kundera, La insorportable levedad del ser, Tusquets Editores, páginas 111-112)

El artículo 11 de la constitución de 1812 ordenaba “una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”

Ese artículo ordenaba en realidad que se eliminaran las divisiones políticas y administrativas del Antiguo Régimen con el fin de garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles. Como es sabido, las Cortes de Cádiz y la  Constitución promulgada por ellas fueron declaradas ilegales por Fernando VII el 4 de mayo de 1814, por lo que el imperativo del artículo 11 no pudo cumplirse. Hubo que esperar al trienio liberal, iniciado el 1 de enero de 1820, tras el levantamiento del coronel Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan. Entonces pudo hacerse.

En 1822 se fijó la provincia como demarcación esencial del territorio español y como único eslabón entre el poder central del Estado y los municipios, borrando del mapa los restos de los señoríos medievales que todavía perduraban en la vida política nacional. Pero el proyecto fue otra vez frenado por una nueva reacción de los absolutistas, que duró toda una década, la llamada década ominosa. Hasta que el absolutismo se reveló incapaz de liberar la economía, lo que causó una grave crisis económica y, junto con la crisis sucesoria, abrió de nuevo las puertas del poder a los liberales.

Éstos fijaron por fin en 1833 la división en provincias que ha llegado hasta nuestros días, habiendo sufrido un cambio radical con la instauración de Comunidades Autónomas de la Constitución de 1978, que recuerdan las circunscripciones del Antiguo Régimen.

Aunque los liberales de Cádiz cometieron graves errores en otros asuntos, hay que reconocer que en éste acertaron plenamente. Ellos comprendieron que el progreso económico del país requería la liberalización de la economía y la supresión consecuente de las fronteras y aduanas de los antiguos señoríos.

Ahora, ante una crisis económica no menos grave que la que siguió a la década ominosa les dan la razón hasta las agencias de calificación estadounidenses. Una de ellas, Moody's, ha avisado ya de que el principal obstáculo para cumplir los planes gubernamentales de reducción del déficit son las comunidades autónomas, lo que requiere “reformas estructurales”. ¿Y qué otra cosa pueden ser esas reformas estructurales sino la supresión de leyes de los señoríos autonómicos y la recuperación de la inspiración liberal para la distribución política del territorio español? Lo que dicen las agencias americanas lo sabía ya el antiguo liberalismo español, al que antes se oponían el absolutismo de Fernando VII y la reacción carlista y ahora las oligarquías de izquierdas y de derechas surgidas al calor del régimen constitucional del 78.

(Publicado en La piquera, de Cope-Jerez)

Bien está conmemorar la Constitución de 1812, pensada, redactada, defendida y también combatida por españoles a los que movía ante todo su patriotismo. Pero vale la pena recordar que, según algunos, no fue la primera Constitución española. Ese mérito, que es en realidad una vergüenza, le corresponde a la de Bayona, denominada a veces Carta o Estatuto de Bayona. En la historiografía francesa recibe el nombre de Acta Constitucional de España. Fue promulgada el 7 de julio de 1808.

Después de los sucesos del 2 de mayo en Madrid, los indignos Carlos IV y su hijo Fernando habían entregado la corona española a Napoleón, que la dio a su vez a su hermano José, no sin procurar darle un aire de legitimidad a lo que era un robo. Ordenó a Murat que se las ingeniara para que la Junta Suprema pidiera al tal José Bonaparte que accediera a recibir la corona de España, cosa que Murat hizo, si bien de mala gana, pues aspiraba él mismo a ser rey de España. Preguntó a la corporación qué miembro de la familia Bonaparte sería mejor visto en el trono español. La respuesta fue digna, dadas las circunstancias: que no eran válidas las renuncias de Carlos y Fernando y que, en consecuencia, no existía el derecho de transferir a otro el cetro.

Pero Murat hizo derroche de ingenio y utilizó el potencial. Volvió a inquirir de la siguiente manera: que la respuesta no debería en modo alguno envolver aprobación ni desaprobación sobre los actos de renuncia de los reyes y que el nombrar a un miembro de los Bonaparte no dañaba los derechos de Carlos y Fernando. El Consejo declaró entonces que en su opinión la elección debería recaer sobre José, el rey de Nápoles.

Cuando esta respuesta llegó a Napoleón se apresuró a proclamar ante todas las naciones europeas que accedía a la petición de las instituciones españolas y venía a nombrar a José rey de España.

La Gaceta de Madrid publicó lo siguiente:

Condescendiendo S. M. I. y E. con los deseos manifestados por la Junta de gobierno, por el Consejo de Castilla, por la villa de Madrid, y por diferentes cuerpos civiles y militares del Estado, de que entre los príncipes de su imperial y real familia fuese designado para rey de España su hermano el rey de Nápoles José Napoleón, ha tenido á bien hacer á S. M. un expreso, manifestándole esto mismo, al que ha contestado se iba á poner inmediatamente en camino, de modo que habrá llegado el día 3 de este mes á Bayona, etc.

No contento con esto, Napoleón quiso aparecer ante los españoles como renovador y civilizador de su patria, por lo que decidió darle una constitución política. Con el fin de que apareciese como algo deseado por los mismos españoles y como una obra suya, ordenó que se reuniera en Bayona una Asamblea de Notables la cual, como un simulacro parlamentario que fue, se encargó de llevar allí las supuestas demandas y necesidades de los pueblos que decían representar.

El 15 de mayo publicó el decreto el Consejo de Castilla. Él mismo dirigió a todos los españoles las siguientes palabras:

Españoles: después de una larga agonía vuestra nación iba á perecer. He visto vuestros males y voy á remediarlos. Vuestra grandeza y vuestro poder hacen parte del mío. Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos á la corona de España. Yo no quiero reinar en vuestras provincias; pero quiero adquirir derechos eternos al amor y al reconocimiento de vuestra prosperidad. Vuestra monarquía es vieja; mi misión es renovarla; mejoraré vuestras instituciones, y os haré gozar, .si me ayudáis, de los beneficios de una reforma, sin que experimentéis quebrantos, desórdenes y convulsiones.

Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las diputaciones de las provincias y ciudades. Quiero asegurarme por mí mismo de vuestros deseos y necesidades. Entonces depondré todos mis derechos, y colocaré vuestra gloriosa corona en las sienes de un otro Yo, garantizándoos al mismo tiempo una constitución que concilie la santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo. Españoles: recordad lo que han sido vuestros padres, y contemplad vuestro estado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os ha regido; tened gran confianza en las circunstancias actuales, pues yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos, y exclamen: Es el regenerador de nuestra patria. — Napoleón.

El gran duque de Berg, hizo anuncio de la convocatoria para la asamblea de Bayona. Según él, se trataría allí de “la felicidad de toda España, proponiendo todos los males que el anterior sistema le ha ocasionado, y las reformas y remedios más convenientes para destruirlos en toda la nación y en cada provincia en particular”.

Las cortes debían estar compuestas de ciento cincuenta individuos, de los tres estados, clero, nobleza y estado llano.

Una cosa es segura: los que proclamaron la Constitución del 12, tanto conservadores como liberales, habrían fusilado a todos los miembros de aquella asamblea por traición a la patria.

(V. Modesto Lafuente, Historia general de España, tomo décimosexto, capítulo XXIII)

La exención de responsabilidad civil a los sindicatos viene de lejos. La Trade Dispute Act inglesa, de 1906, les otorgaba la irresponsabilidad por las faltas más graves, permitiéndoles gozar de un privilegio que no se concedía a ninguna persona física o jurídica.

Con ello no se ha estimulado nunca la lucha por la igualdad, sino por el privilegio. Schumpeter se quejaba ya en 1942 de que al no aplicar la ley a los piquetes se estaba dando cobertura legal a la amenaza de fuerza y exoneración de responsabilidad por los daños causados, lo que no era, en su opinión, otra cosa que admitir que los sindicatos pueden delinquir.

Las medidas legislativas han sido extraordinariamente benévolas con ellos, tanto en Europa como en los Estados Unidos, donde se los excluyó de las disposiciones antimonopolísticas de la ley Sherman y se llegó a establecer la más completa inmunidad por sus actos delictivos.

A todo ello se ha sumado el hecho de que los tribunales de justicia y las autoridades estatales han sido tolerantes en todos los casos en que podrían haberlos penalizado. Las organizaciones sindicales se confunden con el propósito que declaran y las gentes no se atreven a censurarlas por temor a que se piense que no defienden la libertad de asociación. Muy pocas personas estarían dispuestas a hacer suyas las palabras de una mujer del Partido Laborista de Inglaterra:

De hecho, es consustancial a un sindicato el ser antisocial; sus miembros se disgustarían, con razón, si sus funcionarios y comités dejasen de anteponer sus intereses particulares a cualesquiera otros (citado en Hayek, Los fundamentos de la libertad, pág. 173)

Así ha sido durante la mayor parte del siglo pasado. En España continúa siendo así en gran parte por causa de la rémora ideológica que arrastra todavía la mitología franquista, explotada con una gran eficacia por todos aquellos que pretenden adquirir predominio social y político. Todo ello contribuye a que los sindicatos no sean vistos como una empresa cuya actividad debe ser contrapesada con iguales derechos por cualquier otra, sino como la única que tiene derecho a organizar la mano de obra del país, y ello en beneficio del conjunto social.

En el presente aumenta el número de los desengañados, pero la opinión general sobre este asunto sigue estando oscurecida. Pocos se dan cuenta de que la idea principal es errónea y de que la libertad sufre amenaza por el poder que los sindicatos se arrogan, un poder que no se considera poder, sino derecho. Mientras la auténtica situación no sea patente para todos, y sobre todo, para legisladores, jueces y autoridades públicas, seguirán investidos de una capacidad destructiva intolerable.

Durante la etapa franquista el Estado español fue hostil a las asociaciones horizontales de clase y protegió a las verticales. En la etapa parlamentaria prohibe las verticales y protege y financia a las de clase hasta el punto de haberlas convertido en monopolios laborales que caen fuera de su control y es casi imposible destruirlos sin que el propio Estado democrático corra un grave riesgo.

Antes eran ilegales. Ahora no solo son legales sino que el prestigio que les otorgó la prohibición anterior les ha dado un aura tal de legitimidad que se han convertido en instituciones privilegiadas a las que se exime de la obligación de responder ante la ley como cualquier otra institución privada. Esto es un fracaso de la democracia.

La ayuda y comprensión que los sindicatos recibieron de todos cuando estaban privados de libertad se ha extendido más allá de lo que es tolerable en un régimen de libertades:

1. No existe una ley de huelga que especifique las actuaciones a que deben obligarse sus convocantes. Un gobierno salido de las urnas y que tiene que tomar decisiones en nombre de la nación se ve obligado a considerar antes de promulgarla si favorece o no al trabajador, lo que no es más que una fórmula para encubrir que lo está en juego es si favorece o no a los sindicatos.
2. De igual manera, no pueden tomarse medidas sobre los contratos de trabajo y los convenios colectivos sin cumplir con el supuesto deber de consultar a las organizaciones sindicales.
3. Para una gran parte de la población es incluso un deber moral. No se es progresista, partidario de los trabajadores y sus derechos, etc., si no se tienen como sagradas e inviolables las consignas sindicales. Ahí parece haber una raya que diferencia a una persona de izquierdas de otra de derechas. Muchas que se declaran de derechas no osarán tampoco  poner en duda a los sindicatos.

La virtud debe estar en algún lugar intermedio de estos dos contrarios.

Ahora ya no se trata de luchar por la libertad de asociación. Es un hecho que existe y nadie la impide. Los españoles la han establecido y se halla bien protegida por la ley. Tampoco es el momento de creer que el derecho de los sindicatos a existir es lo mismo que los derechos laborales de los trabajadores y menos aún si ese derecho a la existencia pasa por la financiación pública.

La conclusión es que estas confusiones deben desaparecer si no se quiere perjudicar a la democracia parlamentaria.

Archivo sonoro: 14-03-12)

Dado que los potentados y los desheredados de la fortuna se temen unos a otros, es muy difícil, si no imposible, que tramen algo conjuntamente. Unos temen el yugo de los otros y desconfían entre sí. Por eso solo pueden estar de acuerdo en que gobierne la gente de en medio. Es lo que sucede cuando luchan dos partidos contrarios, que necesitan un árbitro que no pertenezca a uno ni al otro.

Muchos gobernantes han cometido el mismo error: dar demasiado poder a los ricos y engañar luego a los inferiores. Con ello solo han logrado un mal de un bien que no era verdadero. La ambición de los ricos es inagotable y es causa más corriente de la ruina de los Estados que la de los pobres.

Muchas son las maneras de engañar a los de abajo, pero no se muestran descontentos si no se les desprecia ni se les quita lo poco que tienen. La receta parece fácil, pero no lo es en realidad, porque los que detentan el mando tienden con facilidad a creerse superiores y a tratar con desdén a los que carecen de fortuna. Es algo que todo buen demagogo no debería olvidar.

Sería bueno, por lo demás, para la política que los jerifaltes estuvieran en todo momento seguros de que se les puede destruir. Ese era el sentido del esclavo que acompañaba al general victorioso en Roma: “acuérdate de que eres mortal”. Juan de Mariana defendió el tiranicidio no tanto por el hecho de eliminar al tirano cuanto por hacerle sentir que una espada pende continuamente sobre su cabeza.

Las razones mencionadas en las fichas dedicadas a las clases medias explican por qué en naciones donde está extendida la pobreza extrema en un lado y en el otro la extrema riqueza, escaseando la fortuna mediana, como sucede en algunas de Sudamérica, del mundo árabe, etc., se apodera del mando para sí sola la demagogia oligárquica.

La demagogia y la oligarquía eran dos gobiernos opuestos en la Antigüedad, pero en nuestros días parecen formar una sola unidad. Se debe esto o bien a que los demagogos toman el poder gracias a sus artimañas y luego se enriquecen con él o bien porque son los oligarcas quienes lo hacen y luego aprenden a ser demagogos. A nadie se le escapa que lo más frecuente es lo primero, aunque no faltan ejemplos de lo segundo. En todo caso, logran ser más duraderos de lo que había concedido Aristóteles a estos regímenes, pero, pese a todo, están amenazados de inestabilidad.

Las gentes de mediana fortuna desean que las instituciones se mantengan estables. Por esto el peso de éstas debería ser el más grande si se pretende que el Estado perdure, sea seguro y no esté amenazado por trastornos y revoluciones.

Es conveniente distinguir la calidad y la cantidad en la población. Lo primero se refiere a la riqueza, la inteligencia, la capacidad, el nacimiento, la preponderancia. Por lo segundo la multitud. Si la cantidad está en una clase y la cantidad en otra, si los hombres de nacimiento oscuro, falta de luces, desprovistos de iniciativa propia y de inclinación por la actividad, son una gran mayoría y al otro lado se encuentra un reducido número de otros hombres capaces, entonces será difícil combinar ambas cualidades.

Lo más conveniente, como puede comprenderse, es equilibrar estas dos clases. Si se apoderan del Estado los más y éstos son gentes inanes, entonces reinará la demagogia y el Estado se convertirá con facilidad en una tiranía. Si, por el contrario, se apoderan de él los menos, entonces será el turno de la oligarquía, que mirará por sus intereses y empujará al conjunto hacia otra suerte de tiranía.

El legislador debería tener por todo esto en cuenta solamente la propiedad mediana, procurando que disminuya el poder de los menos y el número de los más, porque un régimen político se consolida solamente allí donde la clase media y su influencia son más amplias que las otras dos clases juntas.

Obsérvese que en nuestros días han abominado de las clases medias todos los movimientos políticos que se han inclinado por los métodos violentos: nacionalsocialistas, comunistas, falangistas, etc.

Es muy importante que no exista en un Estado ni una mayoría de pobres ni de ricos. Los segundos es casi imposible que sean mayoría, pero lo que quiere decirse es que no debe permitirse que tengan demasiada preponderancia. Las gentes de medianos recursos tienen sobre unos y otros la gran ventaja de no insurreccionarse nunca, en tanto que los ricos por mantener su posición o hacerla más elevada y los pobres por salir de ella, unos por no bajar y otros por subir, están siempre dispuestos a sublevarse.

La tranquilidad de los Estados, cuando la hay, se debe ante todo a las clases medias, o al menos ellas son ocasión de muy escasos disturbios. Cuando, como es el caso actual por las zozobras financieras, las gentes se dividen en dos facciones, la de los adinerados y la de los abandonados de la fortuna, la inestabilidad puede surgir por alguna de las dos causas mencionadas o por las dos a la vez.

Las democracias son por esto más duraderas que otros regímenes. Los gobernantes no deberían perderlo nunca de vista. Fue algo que acabó reconociendo el general Franco, según consta en la conversación habida entre él y Vernon Walters, enviado por R. Nixon, el presidente de los Estados Unidos de América -ABC de 15/08/2000-:

Franco: -Lo que interesa realmente a su presidente es lo que acontecerá en España después que yo muera, ¿no?

V. Walters: -Mi general, sí.

-Siéntese, se lo voy a decir. Yo he creado ciertas instituciones, nadie piensa que funcionarán. Están equivocados. El Príncipe será Rey, porque no hay alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los franceses y los ingleses: democracia, pornografía, droga y qué sé yo. Habrá grandes locuras, pero ninguna de ellas será fatal para España.

-Pero mi general, ¿cómo puede usted estar seguro?

-Porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el gobierno de este país hace cuarenta años -V. Walters pensó que iba a hablar del ejército, pero se equivocó- La clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español, no habrá otra guerra civil.

“Se levantó, me dio la mano y ya había terminado la entrevista”, acaba diciendo Walters.

Después de los experimentos socialistas del falangismo y su fracaso, después del Plan de Estabilización de 1959, el viejo dictador había aprendido que las clases medias salvan a los Estados.

Es cosa cierta que el hombre que se ha criado con grandes comodidades no está preparado para obedecer a nadie. Tampoco para mandar, a no ser que lo haga con capricho y siguiendo el impulso de cada momento. Ha vivido con lujo y ahora no sabe hacer otra cosa que seguir en medio del lujo. Es vanidoso y altanero. Solo sabrá despreciar a aquellos sobre los que mande. Por esto no es bueno que haya una casta de individuos sobresalientes destinados a ejercer el poder de una nación. Hablaba con verdad el albañil americano que hizo saber a Max Weber su preferencia por los políticos ladrones de Estados Unidos en lugar de las clases de funcionarios superiores de Europa. Así al menos podían despreciarlos en lugar de ser despreciados por ellos.

Pero tampoco está hecho para las exigencias del mando y la obediencia el que ha nacido y se ha criado en la indigencia, porque la pobreza suele tener un efecto degradante sobre quien la padece, de modo que si obedece es como esclavo, sin altura de miras, y si manda es como déspota, sin condescencia alguna.

Luego para el Estado no son buenos los opulentos ni los indigentes, porque entre ellos no hay hombres libres. La vida política exige que haya una cierta benevolencia que a nadie permita sentirse inferior o degradado cuando tiene que cumplir la ley.

Quedan entonces las clases medias como fundamento del Estado, esas clases laboriosas compuestas de hombre que han tenido que ganar su sustento comerciando entre sí, compromentiéndose unos con otros y teniendo que cumplir la palabra dada, hombres a quienes conviene que haya buenas leyes y que sean obedecidas. Son individuos que no sienten codicia por los bienes ajenos, como los pobres, y nadie envidia los suyos. Son gentes orgullosas por haberse labrado su propia situación, pero no soberbias hasta el punto de despreciar la de otros. No tienen motivo para ello.

Es la gente más segura que hay, la que presta equilibrio al Estado, la gente a la que recurren los gobernantes una y otra vez cuando hay peligro, aun a riesgo de esquilmarla, como puede estar ocurriendo en el presente. La gente que en la Política de Aristóteles habla con la voz de Focílides:

Un puesto modesto es el objeto de mis aspiraciones

Lo mejor de todo es por tanto que la pólis esté constituida por gentes de fortuna regular y que la deban a su esfuerzo y su inteligencia. Cuando las clases medias son las más numeros hay más probabilidades de que los Estados estén mejor organizados. Ellas tienden al equilibrio y alejarán lo político de los excesos.

Fortuna suficiente, no demasiada, es lo que debe procurarse para el mayor número posible. Que todos puedan atender sus necesidades, a ser posible por sí mismos y sin depender de nadie.