El problema
Suele pensarse que la tolerancia es la virtud democrática por excelencia. Se conecta con la libertad de opinión y se entiende como respeto a la opinión, independientemente de quién sea el opinante. Pero esto es indefendible si se expresa como algo general, como teoría, porque equivale a admitir que todos los individuos se hallan en pleno uso de la razón y, por ende, que todos tienen derecho a expresar su opinión y a que sea tenida en cuenta. Existen muchas personas a las que no se puede conceder al mismo crédito que a otras: el paciente no puede pretender que su diagnóstico sobre la enfermedad que padece sea aceptado en pie de igualdad con el del médico. También es indefendible en la práctica, porque en cualquier diálogo, que por necesidad habrá de contar con un número restringido de personas, tiene que haber turnos, incluso cuando se trata la más sencilla conversación, y no puede haber espacio ilimitado en la prensa, en una editorial, etc., para todo lo que quiera decir cualquiera. Hay siempre factores externos que limitan las posibilidades de manifestar opiniones, factores como la falta de tiempo, la ausencia de público, de lectores, la carencia de espacio en un periódico, en un libro, etc. La libertad de opinión no puede, pues, ser ilimitada en la realidad. Pero es que además hay circunstancias en que el respeto a una persona, que no a sus opiniones, es lo que puede hacer que alguien sienta la obligación de pedirle que se calle, de no permitir que siga exponiendo razones estúpidas o delirantes, como tampoco debería tolerarse seguramente que alguien manifieste sus opiniones, aunque sean verdaderas, sobre mi cojera, mi joroba o cualquier otro defecto físico o intelectual. Por esto no parece que sea absolutamente aceptable tampoco cuando se la liga a la verdad. Sigue leyendo