El Parlamento holandés aprobó en abril de 2001 la primera ley de eutanasia del mundo, bajo el epígrafe “Ley de Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio”, con 154 votos a favor y 40 en contra. La norma legalizaba una práctica que, aunque no estaba escrita, era tolerada en Holanda desde hacía casi 30 años.
En teoría, la ley exige que el paciente solicite la muerte de forma libre, reiterada e informada. En la práctica, los datos revelan una realidad más perturbadora.
El Informe Remmelink de 1990, el primer estudio oficial exhaustivo sobre la práctica de la eutanasia no estudia, sin embargo, la eutanasia legal, porque en ese momento era todavía formalmente ilegal en Holanda. Lo que estudia es las decisiones médicas en torno al fin de la vida, es decir, todas las actuaciones médicas que podían acortar la vida de un paciente, independientemente de si eran legales o no.
El estudio reveló que el 27% de los médicos indicaron que habían terminado con la vida de algún paciente sin su consentimiento, y otro 32% dijo que, llegado el caso, lo harían. En la mitad de los 49.000 casos de decisiones médicas para la terminación de la vida, la decisión fue tomada sin consultar al paciente.
Comparando los informes de 1990 y 1995, la práctica de la eutanasia sin consentimiento explícito se mantuvo en torno a los 1.000 casos anuales.
Un dato que no mejoró con los años: en 1990 hubo aproximadamente 1.000 muertes sin consentimiento expreso del paciente, y en 2005 todavía se registraban unas 540.
Lo que revela tal informe es que antes de cualquier ley, ya se practicaba de facto la terminación de vidas, tanto con consentimiento del paciente como sin él, simplemente tolerada por los tribunales y la profesión médica.
La cronología real
-
Desde los años 70: Los tribunales holandeses fueron siendo progresivamente permisivos con médicos que practicaban eutanasia, sin que hubiera ley.
-
1990: El fiscal general Remmelink encarga el informe precisamente porque se estaba debatiendo la futura regulación. Era un diagnóstico de la situación real antes de legislar.
-
1993-1994: Primera reglamentación (sin ley formal aún).
-
2001: Se aprueba la ley que legaliza lo que ya ocurría de hecho desde hacía décadas.
Lo más revelador es precisamente eso: los casos sin consentimiento no son un efecto de la ley, sino que ya existían antes de ella. Y lo que documentan los estudios posteriores a 2001 es si la ley mejoró o no ese problema. Los datos sugieren que lo redujo parcialmente, pero no lo eliminó.
Es decir, el argumento de quienes se opusieron a la ley no era solo “esto abrirá la puerta a abusos”, sino “los abusos ya existen ahora, y legalizarlo no los corregirá necesariamente”.
Los médicos de cabecera actuaron sin hablar con el paciente en más de la mitad de los casos. Alegaban, en su mayor parte, que lo hacían por el bien del enfermo: pensaban que hablar con él de un tema tan espinoso le habría traído más agobios que beneficios.
En unos 20.000 casos (cerca del 80% de aquellos en que no se consultó al paciente), los médicos adujeron como razón principal que el paciente “tenía dificultades para comunicarse”.
Un informe de 2001 demostró que existían casos de eutanasia activa a niños llevados a cabo por pediatras sin petición ni del niño ni de sus padres. Entre 1997 y 2004, médicos holandeses aplicaron la eutanasia a un total de 22 bebés con espina bífida.
El primer caso documentado de eutanasia a un recién nacido fue en marzo de 1993: una niña de tres días con lesiones cerebrales y en la médula espinal. A petición de sus padres, un médico acabó con su vida mediante una dosis letal de anestésicos.
Una mujer de 64 años con demencia severa fue sometida a eutanasia cuando “ya no hablaba con claridad” y “tampoco sabía bien que fallecería después de la inyección que se le iba a poner”. El médico se amparó en una declaración previa escrita por la paciente.
Hay al menos 1.200 casos anuales que no se registran, y en mil de ellos no se cuenta con el consentimiento del paciente. Ante la posibilidad de que a uno le ayuden a morir sin que lo pida, se ha difundido en Holanda la costumbre de llevar consigo una “declaración de querer vivir”.
El procedimiento de notificación no cumple su papel de control. Todavía la mayoría de los casos de eutanasia no son declarados como tales al redactar el acta de defunción.
El catedrático de psiquiatría Herbert Hendin, tras investigar la situación en Holanda, describió la evolución así: “Se comenzó por aplicar a pacientes terminales; de ahí se pasó a enfermos con enfermedades crónicas; más tarde, de enfermos con dolor físico a los que sufrían psíquicamente, y de eutanasia voluntaria a la aplicada sin el consentimiento del paciente”.
El caso holandés es uno de los más estudiados en bioética porque ilustra cómo una práctica iniciada con estrictos requisitos de voluntariedad puede, con el tiempo, extenderse a situaciones donde el consentimiento del paciente queda en entredicho o directamente ausente. El debate sigue siendo muy vivo entre defensores de la autonomía del paciente y quienes advierten de los riesgos para los más vulnerables.