La visita de los Reyes a Melilla como señal diplomática: destinatarios, alcance y límites de un mensaje
El miércoles 14 de octubre, los Reyes completaron en Melilla el viaje que habían iniciado un día antes en Ceuta, diecinueve años después de la visita de Juan Carlos I y doña Sofía. Según la crónica de EFE, llegaron hacia el mediodía al Palacio de la Asamblea, donde saludaron durante casi una hora a los miles de vecinos congregados. El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, les entregó la llave de Melilla y el bastón de mando, y estaba prevista después una visita al colegio Pintor Eduardo Morillas. La jornada concluyó con un encuentro con representantes de la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, donde el Rey pronunció su discurso.
Los actos tuvieron la solemnidad propia de una visita real, pero su interés político no se encuentra solamente en el ceremonial. Importa saber quién hablaba cuando hablaba el Rey, a quién podían dirigirse sus palabras y hasta dónde es legítimo llevar su significado.
Felipe VI no visita Melilla como una personalidad pública más. Es el jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, según el artículo 56.1 de la Constitución. Pero tampoco dispone de una política exterior propia. El Gobierno dirige la política exterior y la defensa, conforme al artículo 97, y los actos del Rey requieren refrendo en los términos establecidos por el artículo 64.1.4 A ello se añade que el Estatuto de Autonomía declara a Melilla «parte integrante de la Nación española y dentro de su indisoluble unidad».
Estas precisiones jurídicas son importantes porque fijan el alcance del gesto. Cuando el Rey habla de Marruecos desde Melilla no habla a título particular; habla con la voz institucional del Estado, aunque lo haga dentro de un marco político cuya responsabilidad corresponde al Gobierno. No cabe, por tanto, convertir cada frase suya en una iniciativa diplomática personal ni atribuirle intenciones que el texto no contiene. El destinatario de un mensaje puede inferirse, mas no por ello deja de ser una inferencia.
Lo que el discurso dice expresamente sobre Marruecos es poco en realidad. Aparece al final, pero precisamente por ello adquiere relieve. El Rey describió Melilla como una ciudad «donde África y Europa se tocan, y donde dos reinos, España y Marruecos, debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad, que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación». Añadió después: «Eso exige confianza y responsabilidad, basadas en la buena fe. Lo creo posible y deseable».
No hay reproche en esas palabras. Tampoco reclamación. Marruecos aparece como reino vecino, colocado en un plano de reciprocidad con España, y a ambos se atribuye el deber de preservar una relación beneficiosa. Sin embargo, la expresión «buena fe» introduce una condición. No acusa a nadie de haberla quebrantado, pero recuerda que sin ella la buena vecindad queda privada de su fundamento. Leer ahí una advertencia es razonable; afirmar que el Rey la formuló expresamente como tal sería ir más allá de sus palabras.
Algo semejante sucede con la frase que más fácilmente puede interpretarse como expresión de firmeza: «que nadie confunda esas convicciones con debilidad». Se encuentra en un pasaje referido a una Unión que ha alcanzado, dijo el Rey, «un estándar muy alto, fruto de un camino largo y difícil», que las crónicas relacionan con el respeto a la ley y a la dignidad humana. Y continúa: «Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades».
¿A quién se dirige ese «nadie»? El Rey no lo dice. Puede escucharse como aviso dirigido a quien confunda la moderación europea con impotencia, pero también como una afirmación destinada a los propios europeos, una invitación a tomar conciencia de aquello que poseen y deben estar dispuestos a defender. El texto permite ambas lecturas. Su fuerza procede, precisamente, de no reducirlas a un destinatario único.
Hay, además, un desplazamiento significativo. El discurso no se detiene en la soberanía española sobre Melilla, sino que sitúa la ciudad dentro de una frontera más amplia. La de Melilla «es frontera de la Unión; una frontera única, que no distingue flancos ni puntos cardinales», y «cualquier amenaza a la frontera de un estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la UE».
La frase posee una evidente densidad política. El mapa europeo acostumbra a mirarse desde el Este cuando se habla de fronteras amenazadas, pero Europa tiene también un Sur. Melilla pertenece a él. Afirmar que la frontera europea no distingue flancos ni puntos cardinales puede leerse, por ello, como rechazo de una jerarquía tácita entre fronteras cuya seguridad importaría más y fronteras cuya vulnerabilidad pudiera tolerarse.
Conviene aquí extremar la precisión. Pertenecer a la Unión Europea, quedar incluido dentro del ámbito de un tratado y recibir automáticamente una respuesta militar son realidades distintas. Respecto de la OTAN, sabemos que el artículo 6 del Tratado de Washington «excluiría totalmente a Ceuta y Melilla» y que, en cualquier caso, una eventual acción aliada «quedaría sujeta a una decisión política de los Gobiernos»; sí cabría solicitar consultas. En el marco de la Unión Europea, el artículo 42.7 del Tratado dispone que, si un Estado miembro «es objeto de una agresión armada en su territorio», los demás «le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance». Muchos consideran que esta cláusula alcanza a Ceuta y Melilla, aunque el precepto no determina cuáles habrían de ser esos medios ni cómo se decidiría su empleo.
También utilizó el Rey la palabra «garantía»: «El compromiso firme con el crecimiento social, económico y cultural de vuestra ciudad […] es vuestra mejor garantía». La garantía de la que habla es institucional y política, no militar. El discurso, según el texto consultado, no menciona las Fuerzas Armadas ni anuncia medidas de seguridad.
Se distinguen así tres planos que fácilmente se confunden. Está, en primer lugar, el compromiso institucional, que el Rey expresó de manera inequívoca. Está después la capacidad efectiva de defensa, sobre la que no se pronunció y cuya dirección corresponde al Gobierno. Y está, finalmente, la seguridad tal como la viven los propios melillenses: la frontera cotidiana, los servicios, la estabilidad económica y la sensación de no encontrarse en una periferia olvidada. El Rey aludió a esa experiencia cuando recordó los «días de inquietud».
Al otro lado de la frontera, la respuesta ha sido, hasta el cierre de este texto, contenida. No consta protesta formal ni pronunciamiento oficial de Marruecos. EFE informó el 13 de octubre de que ningún ministro ni alto cargo asistió a la recepción celebrada en la embajada de España en Rabat, mientras el partido minoritario Al Ahd recordó que Ceuta y Melilla «siguen formando parte de la memoria histórica y nacional de Marruecos». Según el relato de Estrella Digital, el diario Hespress calificó el viaje como «un paso para legitimar la ocupación de Ceuta», y el profesor Khalid Chiat sostuvo que «ningún paso, iniciativa o visita puede otorgar legitimidad a una ocupación».
La paradoja es interesante. Formalmente, la afirmación de Chiat coincide con un principio que España podría admitir sin dificultad: una visita real no crea un título jurídico ni extingue otro. Pero ahí no está el desacuerdo. Lo que se disputa es algo que la visita manifiesta. España no necesita que Felipe VI viaje a Melilla para que la ciudad sea jurídicamente española; precisamente porque lo es, el jefe del Estado puede presentarse allí como en cualquier otro territorio nacional. El gesto no crea la soberanía. La hace visible.
También por ello resulta significativa la comparación con 2007, cuando Rabat llamó a consultas a su embajador tras la visita de Juan Carlos I y doña Sofía. La reacción actual parece hasta ahora más contenida, aunque esa diferencia no permite por sí sola explicar sus motivos.
Puede objetarse con fundamento que un gesto simbólico es insuficiente. Una visita real no aumenta por sí misma la capacidad de disuasión, no refuerza una frontera ni resuelve las inquietudes concretas de quienes viven en ella. También cabe objetar que remitir la seguridad de Melilla a su condición de frontera europea deposita parte del argumento en una solidaridad cuyo alcance práctico no está enteramente determinado por los tratados.
Por eso conviene medir bien la tesis. La visita no fue una demostración militar ni una innovación diplomática. Su significado es más sobrio y, acaso por ello, más profundo. Afirma públicamente que Melilla es España y que su condición española no constituye una anomalía periférica que deba pronunciarse en voz baja. Expresa además un compromiso institucional cuyo contenido inmediato es social, económico y cultural. Y solo en un sentido preciso puede entenderse como señal de firmeza hacia Marruecos; es la firmeza de quien no necesita amenazar para declarar lo que bajo ningún aspecto pone en negociación y, desde esa posición, ofrece al vecino una relación de buena fe, estabilidad y provecho mutuo.
Ahí, pienso, se encuentra el sentido último de aquella «frontera única» de la que habló Felipe VI. Una frontera que no tiene flancos privilegiados ni rincones prescindibles. Pero el valor de la presencia simbólica del Estado se mide finalmente en aquello que viene después de los símbolos: en la seguridad, los servicios, las oportunidades y la atención cotidiana a los ciudadanos. Es allí donde una visita deja de ser solamente una presencia y comienza a convertirse en compromiso.