La visita de Felipe VI a Ceuta, entre la soberanía jurídica y el compromiso del Estado con sus ciudadanos
Hay presencias cuyo significado excede el ceremonial. El martes 13 de octubre, Felipe VI y la reina Letizia visitaron Ceuta, en el primer viaje de un Rey de España a la ciudad desde el que hicieron Juan Carlos I y doña Sofía en noviembre de 2007. Los recibió el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y los acompañó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el presidente del Gobierno no viajó. La jornada comprendió una visita al Ayuntamiento y a un colegio público, un homenaje en el cementerio musulmán de Sidi Embarek a quienes murieron en el mar los días 30 y 31 de julio, y un encuentro con unos trescientos ceutíes, ante quienes el Rey pronunció su discurso. Sobre estos actos pesaba el recuerdo de la entrada masiva de personas desde Marruecos en aquellas fechas, cuya magnitud sigue siendo objeto de discrepancia entre las fuentes.
Una visita no constituye soberanía. La de España sobre Ceuta descansa en títulos jurídicos e históricos y encuentra su expresión normativa en el artículo 2 de la Constitución, que establece la indisoluble unidad de la Nación española, y en el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de 1995, que declara a Ceuta parte integrante de esa Nación dentro de su indisoluble unidad. Ningún ceremonial añade ni resta nada a esos títulos. La presencia del Rey actúa en otro plano: hace visible, ante los ciudadanos y ante terceros, la función que el artículo 56.1 atribuye a la Corona como jefatura del Estado y símbolo de su unidad y permanencia. El propio monarca lo recordó al situar a «la Corona como símbolo de su unidad y permanencia» entre las instituciones que debían estar «a la altura».
Conviene mantener esta distinción para entender el alcance de la palabra «garantía». El Rey ofreció a los ceutíes «la garantía de los poderes y las instituciones del Estado» y «el compromiso pleno, permanente e inequívoco de la Corona». Son palabras de sentido institucional y político: la Corona simboliza y avala el compromiso de un Estado que responde de la ciudad, aunque no dispone por sí misma de los medios para cumplirlo. La Constitución atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, en su artículo 62.h, y encomienda a estas la defensa de la integridad territorial, en el artículo 8.1; al Gobierno, sin embargo, le corresponde dirigir la política exterior y la defensa, conforme al artículo 97. La Ley Orgánica 5/2005 reserva al presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa y la gestión de las crisis que la afecten. Los actos del monarca requieren, además, refrendo, y de ellos responden quienes lo prestan, según el artículo 64. Pronunciado durante una visita acordada con el Gobierno, el discurso expresa, por tanto, una posición del Estado.
Sus mensajes explícitos se ordenaron en torno a tres cuestiones. La primera fue la pertenencia: Ceuta y Melilla son «una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España», y «la soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles». La segunda fue la responsabilidad: «ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación», afirmación de un deber que no llevaba aparejado el anuncio de una medida concreta. La tercera fue la vecindad: España y la Unión Europea desean una buena relación con Marruecos, fundada en «la confianza y el respeto mutuos» y encaminada a «promover la estabilidad, la paz y la seguridad regionales». El Rey no formuló ninguna amenaza. Es plausible que Rabat interprete el viaje como un mensaje, y así lo ha hecho parte de su prensa; al cierre de este texto, sin embargo, no consta una respuesta oficial marroquí.
Pero el sentido de la jornada quedaría empobrecido si se agotara en su proyección exterior. Ceuta es una comunidad de ciudadanos de distintas confesiones, con escuelas, familias y lugares donde se guarda la memoria de los muertos. Por eso importa que los Reyes acudieran a un colegio público de un barrio plural y participaran, junto a representantes de las confesiones de la ciudad, en un acto ecuménico por los fallecidos en el cementerio musulmán. En ese marco cobran toda su fuerza las palabras del Rey: «no estáis solos y no estaréis solos».
Nada en estos actos permite identificar a los ceutíes musulmanes con la posición de un gobierno extranjero. El discurso reconoce «esta realidad antigua y ejemplar de convivencia» como un bien que el Estado debe preservar. La soberanía adquiere aquí su dimensión más cercana: la pertenencia de personas concretas a una comunidad política que responde de ellas. En una democracia, esa responsabilidad constituye su justificación última. Desde otro ángulo, la literatura estratégica reciente advierte que el desinterés público por Ceuta y Melilla es imprudente para la seguridad nacional y nada aporta al bienestar de sus habitantes. La distancia geográfica no puede convertirse en distancia política ni en olvido.
Queda, con todo, el mensaje dirigido al exterior. Como observaba Del Valle Gálvez en 2021, España nunca ha admitido la existencia de una controversia con Marruecos sobre las ciudades, aunque la reclamación marroquí permanezca en la relación bilateral; su estrategia, además, ha sido más reactiva que la de Rabat. Desde esa posición, la visita introduce un matiz significativo: sin abrir negociación ni buscar la provocación, rompe el silencio. Afirmar la soberanía en el propio lugar y acompañar esa afirmación de una invitación expresa a la buena vecindad permite reunir firmeza y cortesía.
El precedente de 2007 aconseja prudencia. Entonces Marruecos llamó a consultas a su embajador y Mohamed VI calificó el viaje de «contraproducente». Que ahora no se haya producido, por el momento, una réplica oficial semejante es un dato que debe registrarse, sin atribuirle una explicación que todavía desconocemos.
El Rey añadió que «Ceuta es Europa» y que cualquier amenaza a su frontera constituye «una amenaza al conjunto de la UE». Es una apelación política a la solidaridad europea, cuyo valor diplomático merece reconocerse. Conviene, no obstante, distinguir la pertenencia a la Unión, la cobertura de sus tratados y una respuesta militar automática. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que la doctrina considera aplicable a Ceuta y Melilla, establece un deber de ayuda y asistencia sin predeterminar su contenido. Ese marco es, además, diferente del atlántico. La precisión jurídica preserva el alcance del mensaje y evita cargarlo de promesas que no contiene.
Cabe objetar que un viaje en vísperas de campaña electoral puede servir a la política interna y que la firmeza verbal cuesta poco. La primera objeción no puede resolverse con los datos disponibles; la segunda encierra parte de verdad. El valor de la presencia se medirá por la continuidad del compromiso, que el propio Rey calificó de «permanente». Los símbolos necesitan prolongarse en seguridad, servicios y atención efectiva a los ciudadanos. La prensa informa de que el Consejo de Ministros aprobó esos mismos días un paquete extraordinario de 45,3 millones de euros para Ceuta. Habrá que atender a los hechos y a sus resultados. Un Estado que visita una ciudad y después se desentiende de ella reduce su presencia a escenografía.
La visita declara una pertenencia, compromete a las instituciones con quienes la viven y transmite firmeza al exterior. Su fuerza duradera dependerá de que el Estado sostenga, en la vida cotidiana de Ceuta, lo que la Corona ha expresado públicamente. Allí, donde los ciudadanos necesitan seguridad y esperan ser atendidos, las palabras habrán de encontrar su cumplimiento; ante el exterior, conservarán su autoridad mientras la firmeza no se convierta en dramatización.