Las elecciones generales de febrero de 1936 en España marcaron el inicio de una crisis política que culminaría en la Guerra Civil. En medio de una polarización extrema, el Frente Popular y la derecha conservadora se disputaban el control de la Segunda República. Sin embargo, la contienda electoral no se resolvió en las urnas, sino en los despachos, donde la Comisión de Actas (o Comisión de Validación de Elecciones) desempeñó un papel decisivo en la alteración de los resultados, otorgando al Frente Popular una mayoría suficiente para modificar la Constitución sin necesidad de consensos parlamentarios.
El 16 de febrero de 1936, España acudió a las urnas en un clima de tensión. La izquierda tenía un control significativo de la maquinaria electoral en muchas provincias, lo que permitió que la coalición gubernamental obtuviera una mayoría de dos tercios en el Parlamento. El procedimiento no fue inmediato, sino que se ejecutó a lo largo de semanas mediante la Comisión de Actas, un organismo encargado de revisar los resultados cuestionados. Lejos de ser un ente imparcial, su control estaba en manos del Frente Popular, lo que permitió la invalidación sistemática de escaños obtenidos por la derecha y la adjudicación de otros al Frente Popular.
En teoría, la Comisión de Actas tenía la función de resolver disputas sobre los resultados electorales. Sin embargo, en 1936 se convirtió en un instrumento de alteración del equilibrio parlamentario. Se anularon los escaños de varios diputados conservadores bajo pretextos administrativos o alegaciones de fraude sin pruebas concluyentes, mientras que los escaños disputados por la izquierda fueron confirmados sin examen en su favor.
El resultado de este proceso fue que el Frente Popular obtuvo una mayoría absoluta que le permitió controlar las instituciones sin necesidad de pactos. La derecha denunció esta maniobra como un fraude institucional, alegando que la composición final del Parlamento no reflejaba la voluntad popular expresada en las urnas.
El libro «1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular», de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, ofrece una perspectiva detallada sobre las irregularidades que rodearon las elecciones de febrero de 1936. Los autores sostienen que, además de la manipulación de la Comisión de Actas, existieron prácticas fraudulentas y un clima de violencia que influyeron decisivamente en los resultados electorales.
Según Álvarez Tardío y Villa García, el Frente Popular no solo se benefició de la revisión de actas parlamentarias, sino que también recurrió a la coacción y al fraude durante el proceso electoral. Estas prácticas incluyeron la intimidación de votantes, la manipulación de resultados en mesas electorales y la alteración de actas. Los autores argumentan que estas acciones fueron fundamentales para que el Frente Popular obtuviera una mayoría parlamentaria que de otro modo no habría alcanzado.
El libro también destaca el ambiente de violencia política que imperaba en España en ese momento. Se registraron numerosos incidentes violentos durante la campaña electoral y en los días posteriores a las elecciones, lo que, según los autores, contribuyó a desestabilizar aún más el país y a erosionar la confianza en el sistema democrático. Estas consideraciones aportan una visión más amplia sobre las causas que llevaron a la crisis política de 1936, subrayando que la manipulación de la Comisión de Actas fue solo una de las múltiples estrategias empleadas para alterar la voluntad popular y consolidar el poder del Frente Popular.
La consolidación del poder del Frente Popular mediante la Comisión de Actas tuvo otros efectos importantes. En primer lugar, permitió la destitución del presidente Niceto Alcalá-Zamora, quien había intentado mantener una posición equilibrada entre los bloques en conflicto. Su salida facilitó una radicalización aún mayor del gobierno republicano.
En segundo lugar, la percepción de fraude y abuso de poder intensificó la desafección de la derecha hacia la República, reforzando las conspiraciones militares que desembocarían en el golpe de Estado de julio de 1936. Si bien la insurrección no fue una consecuencia directa del fraude electoral, este contribuyó a erosionar la legitimidad del sistema y a profundizar la división en el país.
En conclusión, las elecciones de 1936 y la posterior manipulación de las actas parlamentarias marcaron un punto de inflexión en la historia de España. Lo que debió haber sido un proceso democrático terminó convirtiéndose en un ejercicio de imposición, socavando la confianza en las instituciones y acelerando la crisis que desembocó en la Guerra Civil. La Comisión de Actas, lejos de ser un mecanismo de justicia electoral, se convirtió en una herramienta de control partidista, contribuyendo al colapso del régimen republicano. Asimismo, las consideraciones de Álvarez Tardío y Villa García refuerzan la idea de que la violencia y el fraude electoral no fueron elementos secundarios, sino factores determinantes en la configuración del escenario político que llevó al conflicto armado. En definitiva, la crisis de 1936 demuestra cómo la manipulación electoral puede convertirse en un detonante de conflictos de mayor envergadura, dejando una lección histórica sobre la fragilidad de la democracia cuando las reglas del juego son vulneradas.
