División territorial de España

El artículo 11 de la constitución de 1812 ordenaba “una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”

Ese artículo ordenaba en realidad que se eliminaran las divisiones políticas y administrativas del Antiguo Régimen con el fin de garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles. Como es sabido, las Cortes de Cádiz y la  Constitución promulgada por ellas fueron declaradas ilegales por Fernando VII el 4 de mayo de 1814, por lo que el imperativo del artículo 11 no pudo cumplirse. Hubo que esperar al trienio liberal, iniciado el 1 de enero de 1820, tras el levantamiento del coronel Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan. Entonces pudo hacerse.

En 1822 se fijó la provincia como demarcación esencial del territorio español y como único eslabón entre el poder central del Estado y los municipios, borrando del mapa los restos de los señoríos medievales que todavía perduraban en la vida política nacional. Pero el proyecto fue otra vez frenado por una nueva reacción de los absolutistas, que duró toda una década, la llamada década ominosa. Hasta que el absolutismo se reveló incapaz de liberar la economía, lo que causó una grave crisis económica y, junto con la crisis sucesoria, abrió de nuevo las puertas del poder a los liberales.

Éstos fijaron por fin en 1833 la división en provincias que ha llegado hasta nuestros días, habiendo sufrido un cambio radical con la instauración de Comunidades Autónomas de la Constitución de 1978, que recuerdan las circunscripciones del Antiguo Régimen.

Aunque los liberales de Cádiz cometieron graves errores en otros asuntos, hay que reconocer que en éste acertaron plenamente. Ellos comprendieron que el progreso económico del país requería la liberalización de la economía y la supresión consecuente de las fronteras y aduanas de los antiguos señoríos.

Ahora, ante una crisis económica no menos grave que la que siguió a la década ominosa les dan la razón hasta las agencias de calificación estadounidenses. Una de ellas, Moody's, ha avisado ya de que el principal obstáculo para cumplir los planes gubernamentales de reducción del déficit son las comunidades autónomas, lo que requiere “reformas estructurales”. ¿Y qué otra cosa pueden ser esas reformas estructurales sino la supresión de leyes de los señoríos autonómicos y la recuperación de la inspiración liberal para la distribución política del territorio español? Lo que dicen las agencias americanas lo sabía ya el antiguo liberalismo español, al que antes se oponían el absolutismo de Fernando VII y la reacción carlista y ahora las oligarquías de izquierdas y de derechas surgidas al calor del régimen constitucional del 78.

(Publicado en La piquera, de Cope-Jerez)

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Acerca de Emiliano Fernández Rueda

Doctor en Filosofía por la Universidad complutense de Madrid. Profesor de filosofía en varios centros de Bachillerato y Universidad. Autor de libros de la misma materia y numerosos artículos.
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