Si se lee filosofía política de San Agustín se encuentra uno con la siguiente tesis: que el Estado no debe obligar a nadie a ser bueno y a nadie debe impedir que sea malo, excepto cuando se vea alterada la paz social. Ser un mentiroso o un borracho es algo que debe quedar al libre arbitrio de cada cual. La ley solo debe intervenir si el que se embriaga interrumpe el descanso de los vecinos o si el que miente trata de vender una propiedad que no es suya.
El Estado moderno ha sabido hallar un medio para proteger esta libertad en el funcionario libre e inamovible, un individuo obligado a atenerse a ordenamientos administrativos rigurosos y que solo puede ocupar su puesto si previamente ha demostrado poseer una cualificación específica para él. Un juez, un policía o un profesor dependen solo de su deber y están obligados a no obedecer a un jefe y a no seguir una ideología política.
Con esto no se busca una casta de privilegiados, sino la protección de la libertad ciudadana frente al poder político. Cuando un partido logra atraer a sus filas al funcionario la vida de la pólis se empezará a corromper sin remedio, como viene sucediendo con los profesores casi desde que se instauró la democracia en España. Comenzó con las huelgas salvajes que los sindicatos promovieron contra el gobierno débil de la UCD de Suárez, obligando a que se violentara el principio de la capacitación del funcionario. El cuerpo de docentes de la Universidad y el Bachillerato se inundó de individuos que casi no tuvieron que demostrar su cualificación. Eran individuos predispuestos a las formas ideológicas que les dieron entrada en la administración del Estado.
Luego vinieron las sucesivas leyes de educación. Todas ellas tratan de inculcar la ideología constructivista que conduce al hombre nuevo mediante una adecuada dosificación de refuerzos positivos. Esa ridícula asignatura llamada Educación para la ciudadanía solo es un botón de muestra que apenas tiene significado frente a la marea general.
Ahora los profesores protestan porque se les quieren imponer dos horas lectivas más, que llevan aparejadas otras varias de preparación de clase, preparación y corrección de exámenes, asistencia a reuniciones normalmente improductivas y tediosas, sesiones de evaluación, etc.. Loa profesores tienen razón en su protesta. Por el contrario, las razones que dan Doña Esperanza Aguirre y su consejera de educación se añaden a la serie de las que viene dando el partido que ha pergeñado esas leyes. Los sindicatos, por su lado, siendo los grandes causantes del grave deterioro de la enseñanza junto al partido del gobierno, están haciendo el ensayo de una lucha política que por el momento sirve, por ejemplo, para que la prensa adicta al poder no mencione otra gran agresión al funcionariado: la colocación de más de 25.000 individuos en los puestos del Estado sin otra cualificación que haber pertenecido a agencias de la Junta de Andalucía y haber sido designados sin pasar filtro alguno. Tales individuos deberán su puesto a otros individuos y no estarán sujetos al deber como lo está un funcionario cualificado.
Esta es la clase de acciones que van contra la tesis de San Agustín.
(Publicado en La piquera, de COPE-Jerez. Archivo sonoro: Profesores28-09-11)